Guatemala, 17 mar (EFE).- Los tres jueces que participan en la audiencia en la que se definirá si se extradita al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) a Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, denunciaron hoy amenazas de muerte al comenzar esa diligencia.
La titular del juzgado penal que ve el caso, Morelia Ríos, dijo en la sala que recibieron, en el tribunal, una llamada telefónica anónima en la que les aseguraron que familiares de los tres magistrados están retenidos y amenazados de muerte si no suspenden la audiencia.
"Si no suspenden la audiencia en quince minutos los matamos (a los familiares)", dijo Ríos visiblemente nerviosa, al hacer referencia a la amenaza contra su familia y la de los magistrados Bélgica Deras e Isaías Figueroa, que integran el tribunal.
En el inicio de la diligencia judicial, uno de los defensores del ex presidente Portillo, Telésforo Guerra, planteó la suspensión por considerar que todavía no se ha resuelto un recurso de inconstitucionalidad de la extradición, lo cual fue rechazado.
Sin embargo, luego de la denuncia de Ríos, Guerra se manifestó a favor de que continúe la audiencia judicial y tras una breve deliberación, el tribunal sigue escuchando las acusaciones en contra de Portillo.
En la diligencia, según Ríos, se escuchará la acusación contra el ex presidente de Guatemala de la Fiscalía de Nueva York, que lo vincula en una conspiración para el lavado de unos 70 millones de dólares procedentes de fondos del Estado guatemalteco en bancos de ese país.
Los abogados defensores de Portillo también deberán presentar los argumentos que consideren necesarios para impedir la extradición de su cliente a Estados Unidos.
En la sala donde se realiza la audiencia fueron redobladas las medidas de seguridad.
Ríos aseguró que la audiencia es para definir "si procede o no la extradición" a Estados Unidos y que es "definitiva".
Fuentes judiciales explicaron a los periodistas que el tribunal, luego de escuchar a las partes, podría tomar hoy mismo una decisión o tomarse los tres días de plazo que establece la ley para emitir su resolución.
